El
Ministerio de Sanidad trabaja para implantar en un plazo aún
sin determinar un sistema nacional de notificación y
registro de incidencias y eventos adversos en los
hospitales.
Así lo han
reconocido fuentes de la Agencia de Calidad del SNS a Diario
Médico.
El
proyecto parte de un documento en el que los facultativos
dejarían constancia de prácticas médicas que han dado malos
resultados.
El objetivo es
aprender de los errores para mejorar la asistencia al
paciente.
Con ello, el
ministerio quiere desarrollar lo que establece el artículo
59.2 de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, que prevé la constitución de un registro
de acontecimientos adversos.
Carlos Romeo: "Este modelo deberá establecer unos criterios
coordinados a nivel estatal para que las comunidades lo
desarrolle"
La agencia ministerial encargó a los juristas Carlos María
Romeo Casabona, catedrático de Derecho Penal de la
Universidad del País Vasco, y a Asier Urruela Mora, profesor
de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza, un informe
jurídico para valorar la viabilidad de este proyecto. El
trabajo, Establecimiento de un sistema nacional de
notificación y registro de incidencias y eventos adversos en
el sector sanitario: aspectos legales, analiza las
posibilidades de poner en marcha un registro en el contexto
sanitario actual.
Este sistema ya funciona en varios estados de Estados Unidos
y en Europa. En el Viejo Continente se ha impuesto el modelo
llamado sueco o danés, donde el facultativo está obligado a
realizar estas notificaciones. Sin embargo, la opción por la
que han apostado Romeo y Urruela es la de que los médicos
notifiquen estos errores de manera voluntaria, que el
registro sea confidencial, que se realice a nivel
hospitalario y sea de ámbito nacional.
Los juristas consideran que el sistema se debería poner en
marcha con la promulgación de una norma que, además, tendría
que modificar algunas leyes vigentes. "La idea de este
modelo es que se establezcan unos criterios coordinados a
nivel estatal y que luego las distintas comunidades
autónomas lo desarrollen", apunta Romeo. Después de que los
médicos notifiquen las reacciones adversas, un comité de
pares, facultativos designados para este fin, se encargaría
de valorar la actuación sanitaria y de buscar alternativas
para que no se vuelva a producir el error en el futuro.
Vía penal
El punto de partida es razonable, pero su puesta en marcha
tendrá que salvar algún que otro escollo. Entre los que
apunta el informe de Romeo y Urruela está el riesgo de
burocratizar en exceso la asistencia médica y de añadir
presión a las actuaciones sanitarias, pues pueden aumentar
los juicios a facultativos por la vía penal.
Asier Urruela: "Los facultativos que formen parte del comité
que valore las notificaciones deberían tener una exención
testifical"
En este sentido, la confidencialidad del registro es algo
básico para garantizar la predisposición del médico a
notificar los errores, al igual que la protección de los
facultativos encargados de valorar los errores declarados.
Este último punto
ha llevado a los autores del informe a plantear la necesidad
de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poner en
marcha el sistema, ya que esta norma "establece una serie de
obligaciones de testificar, en el caso de tener conocimiento
de que se cometió un acto susceptible de ser considerado un
delito", señala Urruela. La solución estaría en "dotar a los
facultativos que formen parte del comité de pares de una
exención testifical similar a la que gozan los abogados con
respecto a sus clientes o a los sacerd0tes en las
confesiones".
Sobre el riesgo de que estas notificaciones pudieran ser
utilizadas por pacientes para interponer demandas penales a
los médicos, Romeo apunta que "hay que pensar en alguna
fórmula que realice una revisión normativa para crear un
sistema estanco en el que ubicar este registro", apunta
Romeo.
Para los expertos en leyes, el sistema es viable, necesario
y conveniente, además de rentable en términos económicos.
Romeo afirma que, "no es un sistema muy costoso. La
inversión inicial que requiere se podrá recuperar en poco
tiempo, pues está previsto que a partir de mejorar los
sistemas de asistencia, se reduzca el número de incidencias
y, con ellas, las demandas patrimoniales patrimoniales a la
Administración, con el consiguiente ahorro". "El sistema se
construye con la idea de la prevención y de aprender de
errores e incidentes", apostilla Romeo.
Aun así la realidad de este registro parece bastante lejana.
El estudio de Romeo y Urruela, elaborado dentro del convenio
de colaboración que el Ministerio de Sanidad firmó con la
Cátedra de Deusto, está previsto que tenga una segunda
parte.
Según han confesado los autores, se han reunido en varias
ocasiones con el ministerio después de entregarle su trabajo
y no se ha concretado nada sobre un segundo encargo. Desde
el ministerio se insiste en la voluntad de poner en marcha
el sistema y, además, apuntan que ya hay dos hospitales
públicos trabajando con un registro de errores a nivel
piloto.
HECHO
Aprender de los errores
El objetivo de un sistema de notificación y registro de
incidencias y eventos adversos es mejorar la asistencia
sanitaria. Su creación figura en la Ley 16/2003 de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud y, ahora, el
Ministerio de Sanidad tiene toda la intención de hacerlo
realidad.
Experiencia
Este sistema ya funciona en otros países europeos y en la
mayoría de ellos el modelo utilizados obliga al médico a
notificar las prácticas con resultados adversos. El
Ministerio de Sanidad firmó un convenio de colaboración con
Castilla-La Mancha, en virtud del cual se encargó un estudio
para analizar la viabilidad de la implantación de un sistema
de notificación.
Informe
La Agencia de Calidad del SNS encargó un análisis jurídico
para valorar, a nivel nacional, las posibilidades de poner
en marcha el registro. Los expertos en Derecho Penal Carlos
Romeo y Asier Urruela han sido los encargados de realizar
este informe, que entregaron al ministerio el año pasado.
Conclusiones
Los juristas consideran que el modelo de registro más
apropiado para España es un sistema voluntario,
confidencial, a nivel hospitalario y de ámbito nacional.
Además, Romeo y Urruela creen necesario promulgar una norma
para constituir este registro y que, además, modificara la
legislación vigente para asegurar una mayor protección al
médico ante posibles demandas por la vía penal que pueden
imterponer los pacientes.
POR HACER
Segundo encargo
Estaba previsto que el informe elaborado por los juristas
Carlos Romeo y Asier Urruela tuviera una segunda parte; así
lo confiesan los propios autores, aunque no se haya
concretado nada todavía. Este segundo estudio vendría a
profundizar más en la viabilidad de la puesta en marcha del
registro nacional.
Voluntad
La Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud ha
declarado su voluntad de avanzar en este proyecto y ha
señalado que hay dos hospitales que, de manera experimental,
están trabajando ya un sistema de notificaciones adversas.
Problemas
La información de este registro tendrá el máximo nivel de
protección reconocido por la Agencia Española de Protección
de Datos para información relacionada con la salud. Sin
embargo, un comité de facultativos debe conocer estas
notificaciones, valorarlas y encontrar alternativas para las
prácticas erróneas. En este sentido, los juristas consideran
necesario que los facultativos miembros de estos comités
tengan una exención testifical, ante la posibilidad de
vulnerar lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ventajas
La puesta en marcha de este sistema puede reducir las
incidencias y, por tanto, las reclamaciones de
responsabilidad patrimonial a la Administración, lo que
haría que, aunque su puesta en marcha supusiera un gasto
importante, podría amortizarse en un plazo medio.
FUENTE:
Diariomedico.com