La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la resolución que emitió el Juzgado número 7 de Sevilla, en la que desestimaba la decisión de un hospital de suspender de sus funciones durante cuatro meses a una médico por las declaraciones que realizó en un programa de televisión con motivo de la muerte del futbolista Antonio Puerta, en 2007.

La sentencia apunta que aunque el programa pudiera tener un interés descalificador no hay evidencia de que fuera compartido por la médico

La primera sentencia del juzgado de Sevilla hizo prevalecer la libertad de expresión de la médico frente a la demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que apuntó que "las expresiones vertidas suponen una crítica a los compañeros y a terceros que no están amparadas en el ejercicio del derecho constitucional a la crítica". En base a esta consideración la Administración sanitaria apeló la primera resolución judicial añadiendo que las opiniones de la médico "pueden ser correctas pero materialmente constituyen una grave desconsideración. Y para llegar a esta conclusión no son valorables sólo las frases, sino el contexto en el que se pronuncian".

Para rebatir el argumento de la apelación, el TSJ de Andalucía deja claro que aunque la facultativa participó en un programa "de los denominados sensacionalistas o de telebasura", no tomó ninguna decisión sobre la producción de este informativo, ni sobre el montaje y la selección de las imágenes que se emitieron. El tribunal concluye que "es un contexto creado por personas ajenas a la recurrente" y que no debe de hacerse responsable al que emite las opiniones.

El tribunal va más allá al señalar que aunque el programa tuviera un interés de descalificación del centro y de los compañeros, no existen evidencias de que la médico compartiera ese interés. "Podemos compartir, dialécticamente, que la televisión que publicó los reportajes participara de un propósito deliberado, pero no existe prueba alguna o evidencia de que la recurrente lo compartiera. La responsabilidad disciplinaria es personal", apunta el fallo. En la defensa de la médico ha participado Miguel Ángel Montilla, del Sindicato Médico de Sevilla.

 

 

Antecedentes

 

La gerencia del hospital donde trabaja la demandante le impuso una sanción de suspensión de sus funciones de cuatro meses por considerar una falta grave "el quebrantamiento de la debida reserva respecto a datos relativos al centro hospitalario y a la información relacionada con el proceso asistencial del paciente al haber participado en un programa televisivo sensacionalista".

La médico afectada llevó la sanción a los tribunales sosteniendo que la decisión del centro constituía una violación de sus derechos de expresión y de presunción de inocencia que recoge la Constitución Española. El tribunal, además de proteger estos derechos, no encontró fundamento legal a la sanción y señala: "no consta cuál es la exigencia real o material que conduce a la adopción de la medida sancionadora y que, en definitiva, justificaría la proporcionalidad".

En el primer fallo el juez hizo una recomendación a la gerencia del centro de que "no recurra la sentencia y abone a la trabajadora por los meses que ha estado separada del servicio", advertencia que no fue oída. El TSJ de Andalucía ha reiterado el primer fallo y ha condenado al SAS al pago de las costas del proceso.

 

La polémica mediática

La resolución del Juzgado de lo Contensioso-administrativo de Sevilla sobre el caso en cuestión declara nula la sanción impuesta a la facultativa por la gerencia del hospital, pues el motivo que la justifica no está recogido en ninguno de los supuestos de la norma. (ver DM del 18-IX-2009).
 

 

 

Fuente:  Diariomedico.com