Redacción

 

Se desconoce qué hubiera podido pasar si al fallecido se le hubiera dado un tratamiento precoz a la peritonitis que tenía, pero ha sido el retraso en el diagnóstico lo que ha producido una pérdida de oportunidad de tratamiento del enfermo [...] que, aunque sea remota, no puede quedar indemne".

 

Con esta conclusión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 160.000 euros a la viuda e hijos de un paciente que falleció después de someterse a una nefrectomía renal mediante laparoscopia.

 

El paciente fue intervenido sin problemas, pero en el postoperatorio se quejó de un dolor que, a pesar de los sedantes que le suministrados, no remitió.

Transcurrieron dos días hasta que se le realizó una TC que mostró líquido peritoneal y retroperitoneal en la fosa renal derecha. Con estos resultados se decidió realizar una exploración quirúrgica abdominal, en la que se vió una perforación duodenal que se reparó. Pero, tras la operación, el paciente ingresó en la UVI con un cuadro hemodinámico inestable que sólo hizo que concluyó con una parada cardiorrespiratoria en menos de 24 horas.

 

El perito apuntó que la intervención no daba lugar al dolor que sufrió el paciente después, lo que debería haber hecho pensar en la complicación

 

Dolor sin diagnosticar

 

Los familiares del fallecido acusaron de negligencia a la actuación sanitaria porque en el postoperatorio no se dio importancia a los síntomas del paciente. La parte demandante señaló que "si se hubieran realizado con anterioridad las pruebas oportunas, ello hubiera supuesto un diagnóstico y tratamiento más rápido de la perforación con el aumento de posibilidades de curación".

 

La Administración se defendió de las acusaciones aludiendo que la perforación duodenal se produjo de manera accidental e inadvertida y que tan pronto como aparecieron los síntomas posquirúrgicos se atendió al paciente con todos los medios humanos y materiales posibles, sin poder evitar el fallecimiento.

Sin embargo, el TSJ de Madrid apoya el argumento de los familiares del fallecido, defendido por el letrado Rafael Martín Bueno, quien acusa a la Administración de un retraso en el diagnóstico de la perforación. Para ello, el letrado se apoya en el informe del perito de parte, que señala: "La incisión realizada no da lugar a un dolor tan intenso que se siga manifestando a pesar de toda la medicación pautada. Por tanto, resulta incongruente que si se considera que el dolor postoperatorio es menor, se le paute al paciente unas dosis de analgesia tan altas y además no se sospeche ningún tipo de complicación [...] De haber pensado antes en la posibilidad de perforación, con mayor probabilidad el proceso séptico originado por la peritonitis secundaria a la perforación duodenal se hubiera controlado y con ello no se habría llegado al resultado de muerte".

La sentencia condena a la Administración por una pérdida de oportunidad. El tribunal desestima la alegación presentada por la Administración de reducir la cuantía indemnizatoria porque "las posibilidades de curación y de recuperación pudieran ser difíciles dada la gravedad de la perforación duodenal [...] aunque se le hubiera atendido urgentemente y de forma inmediata".

 

La sentencia afirma que "aunque es cierto que es imposible predecir cuál hubiera sido el resultado final y si las consecuencias hubieran sido las mismas, lo que sin duda es seguro es que el paciente hubiera tenido más oportunidades". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid fija la indemnización que debe pagar la Comunidad de Madrid en 160.000 euros teniendo en cuenta que los hijos del fallecido eran menores de 25 años.
 

 

EL SUPREMO INDEMNIZA EL RETRASO

 

En un juicio sobre responsabilidad sanitaria en el caso de un niño que estuvo dos años sometido a un tratamiento farmacológico sin presentar mejora, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo condenó porque los padres no fueron informados de que existía una alternativa quirúrgica.

 

La sentencia del Alto Tribunal revocó un fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que no reconoció la existencia de una mala praxis en la actuación médica.

 

El Supremo obligó a la Administración a indemnizar con 200.000 euros la "omisión o inactividad de la atención sanitaria, consistente en no tomar en consideración la alternativa de tratamiento quirúrgico y no informar de ella a los padres".

 

El retraso en la realización de la operación, que se pudo ejecutar cuando se tenía constancia del carácter fármaco-resistente de la enfermedad, impidió una mayor mejoría del paciente.

 

 

 

Fuente: Diariomedico.com