Obligado un
hospital por primera vez a quitar la sonda a una enferma
Andalucía impone el respeto a la voluntad del afectado como dicta su
ley de muerte digna - La
mujer está en un estado de inconsciencia irreversible
EMILIO DE BENITO - Madrid - 24/08/2011
Menos de 24 horas ha tardado la Junta de Andalucía en
solucionar el conflicto que enfrentaba a la familia de Ramona Estévez con el
centro que la atiende.
En una decisión pionera en España, ayer la delegación de
la Consejería de Salud en Huelva se puso en contacto con el centro para
obligarle a retirarle la sonda nasogástrica que le pusieron a la mujer el 4 de
agosto. Es lo que el hijo de la mujer, José Ramón Páez, había reclamado al
centro. La mujer tiene el cerebro destrozado por un infarto cerebral desde el
26 de julio. El 4 de agosto la sondaron. "La habían convertido en una
máquina de bombear sangre. Y eso puede ser viable técnicamente, pero no es
admisible ni humano", decía ayer a este periódico el hijo por teléfono
antes de conocer la intervención de la Junta. Este periódico intentó sin éxito
conseguir la versión del hospital.
"La
convirtieron en una máquina que bombea sangre", se queja el hijo
La ley autonómica de muerte digna de 2010 es "rotunda
y clara", dijo una portavoz de la Consejería de Salud. Ante la queja del
familiar responsable de la paciente, no había más opción que "aclarar las
dudas que el centro pudiera tener" para que se cumpliera su voluntad. Esta
norma estipula que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención
propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y
decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida". La norma se redactó
después del caso de Inmaculada Echevarría, la mujer que tuvo que batallar
meses hasta que en 2007 la Junta aceptó quitarle el respirador del que dependía
desde hacía 11 años. Después vinieron las leyes de Aragón y Navarra. Este año, el Gobierno ha enviado un proyecto de ley similar al Congreso, pero no va a
dar tiempo a tramitarlo antes de las elecciones del 20 de noviembre.
Pese a la ley autonómica, al representante de la mujer no
le ha sido fácil que respetaran su voluntad y la de su madre. "Ella no
quería vivir amarrada a unos tubos. Decía que había disfrutado mucho de la
vida", afirma con la voz entrecortada José Ramón Páez.
Ha sido casi un mes "de drama", dice el hijo.
"El 26, cuando se iba a levantar, a mi madre le dio un infarto cerebral y
se cayó". En urgencias del hospital le hicieron un TAC, y "nos
dijeron que tenía todo el cerebro afectado, que no sentía nada, y que en este
estado no la iban a sondar para no martirizarla". Pero el hospital Juan
Ramón Jiménez de Huelva derivó a la mujer al concertado Blanca Paloma, y ahí la
situación cambió. "El 29 de julio el médico nos dijo que había que
sondarla, que con los sueros solo no era bastante", relata el hijo. Él
intentó oponerse, porque sabía que "no era lo que ella quería".
"Hasta las mujeres que la cuidaban -dos desde que en mayo se había roto la
cadera- se ofrecieron a testificarlo", afirma.
El 4 de agosto, el médico "nos dio un
ultimátum". "Nos dijo que no alimentarla estaba castigado por el
Código Penal, lo que es mentira. Que si yo no quería, la mandaba a casa. Yo
estaba muy confuso, y cedí", recuerda el hijo. Pero luego lo pensó mejor.
Buscó ayuda en la asociación
Derecho a Morir Dignamente (DMD), de la que había leído por el caso de
Carmen Pérez, la mujer que está en una residencia de Leganés en una situación
similar. Volvió al centro, pero el médico que había atendido en primer lugar a
su madre estaba de vacaciones, y el sustituto, aunque le ha dado la razón, no
tomó la decisión que le pedían. "No quiero dejarlo mal. El centro es
excelente y los cuidados también, solo me quejo de que no quisieron hacerme
caso", dice el hombre ahora que ya sabe que la Junta ha intervenido.
En su lucha, lo más que consiguió fue que le ofrecieran
cambiarla de centro. "Pero mi madre no es una caja para que la tenga para
arriba y para abajo", se queja. Cuando vio que de palabra no conseguía
nada, con la ayuda de DMD formuló una reclamación por escrito. La presentaron
en el centro ayer por la mañana. También la enviaron ante la Junta.
"Lo terrible es que haya que recurrir a estos medios,
con cartas y amenazas con sacarlo en la prensa, cuando lo único que se pide es
un derecho", comentó ayer Luis Montes, el médico de Leganés que fue
injustamente acusado de practicar eutanasias y que ahora preside DMD.
A media tarde de ayer, le retiraron la sonda a la mujer.
Aliviado por hacer la voluntad de su madre, a José Ramón Páez ya solo le queda
acompañarla hasta el final.
Fuente: El pais.com
