La doctrina dominante en el Tribunal Supremo y en el resto de tribunales para los actos de cirugía estética es entender que la responsabilidad del médico en estos supuestos se asemeja a una obligación de resultado. Es decir, el profesionales está obligado a cumplir lo pactado en el contrato suscrito con el paciente-cliente, acercando así la cirugía estética a una responsabilidad objetiva en la que basta probar la relación causal entre el acto médico y el daño para que haya indemnización.
 

Ahora bien, una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia se desmarca de la posición judicial dominante con un pronunciamiento en el que parece equiparar la responsabilidad en cirugía estética con la del resto de los actos quirúrgicos.

Los magistrados sostienen que en un "supuesto de cirugía satisfactiva [como la estética], que se ubica más en el ámbito del arrendamiento de obra, no por ello se ha de estimar sin más la demanda, ya que en estos casos no se produce una responsabilidad objetiva".
 

Es más, "la mayor exigencia médica [que se predica para estos actos] no puede implicar una mayor lex artis ad hoc que cualquier otro tipo de operación curativa ni una exoneración de la carga de probar la causalidad entre la acción del facultativo y el resultado acaecido".
 

En el caso analizado, en el que la paciente se sometió a una mastopexia y mamoplastia de aumento que le provocó un daño advertido en el documento de consentimiento, el fallo descarta la negligencia del médico. En efecto, afirma que la paciente "fue debidamente informada de las complicaciones que podían derivarse de la intervención quirúrgica a la que voluntariamente se sometió". Además, las anomalías que se produjeron tras la operación "venían recogidas como riesgos en el consentimiento informado firmado por la paciente" y fueron solucionadas en otra intervención quirúrgica que fue practicada por un médico distinto.
 

Daño subsanable
 

En este punto, la sentencia confirma la absolución dictada por el juzgado de primera instancia y aclara que el resultado dañoso que se le intenta imputar al cirujano "era meramente provisional y subsanable con otra operación como así se advertía en el documento de consentimiento".
 

Tampoco puede ser condenado el médico a pagar los gastos de la segunda operación, pues si la paciente decidió acudir a otro profesional para que se la realizara "debe ser ella la que corra con los gastos derivados de su excesiva desconfianza, al haber roto con su actuar toda la relación de causalidad entre la actuación del médico y el supuesto resultado dañoso que se denuncia".
 

Por último, los magistrados de la Audiencia de Valencia restan valor a la denuncia de la paciente de que los informes periciales en los que se ha apoyado el fallo se basan en las declaraciones de un perito que ni siquiera reconoció a la enferma.
 

La resolución afirma que, aunque el informe se emitió a la vista de la documentación que existía, "no por ello ha de primar frente a ese informe el emitido" por el perito nombrado por la paciente, pues éste la examinó tras la segunda de las operaciones, por lo que "mal pudo informar del resultado de la primera operación practicada
 

Fuente:  Diariomedico.com