Los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) han vuelto a ser utilizados para sostener la acusación de mala praxis interpuesta al equipo ginecológico que atendió el parto de un menor que en la actualidad sufre parálisis cerebral y, también, para sustentar la consiguiente demanda de responsabilidad patrimonial presentada por los padres del niño a la Administración.

El juzgado número 2 de Santiago de Compostela ha estimado la demanda, defendida por el letrado Alfonso Iglesias, y ha condenado al Servicio Gallego de Salud (Sergas) a indemnizar con 848.422 euros al menor y 132.095 euros a los padres.

Según los hechos probados, la gestante presentó una rotura artificial de las membranas a las 11 de la mañana de un 5 de enero y se le detectó la presencia de meconio en el líquido amniótico que no cesó hasta el parto. A las 20:30 horas del mismo día las matronas advirtieron y comunicaron al obstetra la existencia de baja variabilidad en los registros de frecuencia cardiaca fetal (FCF) y recomendaron poner término a la gestación. Sin embargo, no fue hasta la 01:20 de la madrugada del día siguiente cuando comenzaron las maniobras de expulsión, en una posición fetal occipito-iliaca-derecha-posterior (OIDP). Durante el parto se utilizaron fórceps entre las 1:50 y las 2:20. El bebé, en las primeras 24 horas, comenzó con crisis compulsivas y un cuadro de encefalopatía precoz. En la actualidad, presenta encefalopatía atrófica denominada enfermedad de Littl, una grave afectación psicomotora.

En el juicio se contrastan los dos informes periciales, uno encargado por el juzgado y el otro por la SEGO. Elaborados por especialistas en Ginecología y Obstetricia, ambos informes llegan a la misma conclusión: no se siguió lo que establecen los protocolos de la SEGO ante los indicios de sufrimiento fetal. También se pone en relación directa el retraso que padece el menor con el sufrimiento fetal, descartándose cualquier otro origen.

La sentencia señala que, aunque la presencia de líquido amniótico teñido de meconio no es causa suficiente por sí sola que indique la necesidad de adelantar el parto, este hecho combinado con una baja variabilidad en los registros de frecuencia cardiaca fetal (FCF), "es una indicación absoluta, según la SEGO, para proceder a la interrupción inmediata del parto mediante cesárea o para constatar el bienestar fetal mediante monitorización bioquímica del feto". No se realizó ninguna de estas recomendaciones y se retrasó practicar el parto.

Tampoco se ajustaron a las recomendaciones de la sociedad de Ginecología las maniobras de expulsión del feto, pues la posición OIDP que presentaba desaconsejaba el uso de fórceps. Además de utilizarse los fórceps se hizo durante un tiempo superior a 15 ó 20 minutos como recomienda la SEGO.

Con estas precisiones, el juez determina que "la asfixia fetal intraparto y la subsiguiente aparición de la severa encefalopatía hipóxica que actualmente presenta el menor pudo ser prevenida y evitada mediante la monitorización bioquímica seriada del feto, de forma que en presencia de un ph fetal inferior a 7.20 hubiese estado indicada la cesárea inmediata y que, a falta de monitorización bioquímica, había que proceder a dicha cesárea urgente desde que hubo confirmación de la asociación de líquido amniótico teñido y trazados reiterados de baja variabilidad".

 

 

Uso de ventosa

Además, la sentencia añade que el uso prolongado de la ventosa en la posición OIDP "fue un factor adicional en la génesis de la hipoxia perinatal". Para el juez no hay duda de "la relación de causalidad entre la asfixia perinatal y la encefalopatía hipóxica, ya que, por otro lado, no ha podido confirmarse la existencia de ninguna otra alteración neurológica que justifique el cuadro clínico del menor".

El fallo de instancia admite recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

 

 

 

 

 

FUENTE:  Diariomedico.com