Cuando hace unos años se produjo el cambio a la jurisdicción contencioso-administrativa para el personal estatutario, quienes llevábamos toda una vida ventilando estos asuntos en la jurisdicción social dimos nuestra opinión contraria a lo que iba contra un principio básico en cualquier orden de la vida: lo que funciona, no hay que tocarlo. No es cuestión ahora de repetir los motivos de aquel parecer, pero sí que uno de los fundamentales era la dificultad de recurso contra las sentencias de los juzgados a la búsqueda de un criterio uniforme.

 

Pues bien, hoy sólo quiero relatar un caso real de aquello que ya entonces adelantamos; cierto que sin ningún mérito, pues no era difícil de prever. El asunto que nos ocupa es la reclamación para los médicos interinos de atrasos de antigüedad.

 

 

Como se sabe, el Estatuto Básico del Empleado Público les reconoció el derecho a cobrar trienios y estableció la obligatoriedad de su abono a partir del mes de mayo de 2007, pero entendiendo que el fundamento jurídico de tal abono era anterior a ese estatuto (una directiva europea dictada años antes). A partir de ahí, reclamamos cuatro años de atrasos, que es el máximo que la ley permite para el personal estatutario.

 

 

Tras numerosos pronunciamientos sobre el particular, en la actualidad la postura de los cinco juzgados de lo contencioso-administrativo que hay en Bilbao se ha fijado de forma clara y, si nadie lo remedia, definitiva: Los juzgados 2, 4 y 5 estiman todas las demandas, sin excepción. Los juzgados 1 y 3 las desestiman todas, e incluso ya las inadmiten a trámite.

 

 

• El médico no puede entender que a él le denieguen lo que les conceden a sus compañeros

 

 

El principio de seguridad jurídica

 

Quienes tenemos noticia de la tan necesaria como saludable libertad e independencia judicial entendemos que esto pueda ser así, pero, de un lado, en la jurisdicción social se cohonestaba con el principio de seguridad jurídica por medio del oportuno recurso (que aquí o no es posible o se produce tarde) tras el que el tribunal superior de justicia de turno establecía el criterio a seguir. Y de otro lado, la situación nos recuerda inevitablemente cierto diccionario al que se accede en la red, apellidado "del diablo", y cuya autoría se atribuye a Ambros Bierce, que entre otras finas y sarcásticas definiciones incluye la del término apelar con el siguiente contenido aproximado: "en lenguaje forense, volver a meter los dados en el cubilete para una nueva tirada".

 

 

El símil viene muy a cuento porque en este caso la labor del abogado antes de presentar la demanda se centra en explicar al médico que si de la tirada resulta el 1 ó el 3, perderá el pleito, y que si por el contrario sale 2, 4 ó 5, ganará el pleito y cobrará los atrasos reclamados. Nuestro problema es que el médico, que sabe poco o nada de independencia judicial, tiene una idea clara de lo que es justicia material y no puede entender que a él le denieguen lo que a sus compañeros, en idénticas circunstancias, les conceden los tribunales.
 

 

 

Fuente:  Diariomedico.com