La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Administración y a su compañía aseguradora a indemnizar a los familiares de un paciente fallecido con 80.000 euros para la viuda y 9.000 para cada uno de sus hijos.

El juez considera que el paciente que llegó al servicio de Urgencias no recibió una atención adecuada, ya que "no se le efectuaron las pruebas médicas que la praxis exigía y que, quizás, hubieran determinado un diagnóstico y un tratamiento precoz de la patología del enfermo".

Según figura en la sentencia, el paciente acudió a un hospital madrileño con un dolor abdominal difuso continuo en ambos hipocondrios. El equipo médico que le atendió le realizó una exploración y pruebas de radiología, analítica, bioquímica y coagulación. El enfermo fue enviado a su casa con un diagnóstico de "probable cólico biliar" y un tratamiento médico de espasmolíticos, analgésicos y antiulcerosos. Dos días después el paciente volvió a Urgencias al no poder soportar el dolor y le diagnosticaron una peritonitis con perforación del duodeno que causó un fallo multiorgánico y su fallecimiento tres días después.

La defensa

La Administración argumenta en su defensa que no hubo ningún retraso en el diagnóstico, pues los síntomas con los que el paciente acudió al hospital la primera vez "no denotaban gravedad, ni se vio ningún signo clínico de sospecha". Además, considera que no existió un nexo causal entre la asistencia sanitaria y el fallecimiento del paciente y establece como motivo de la muerte "la propia patología del paciente que de forma rápida e inesperada evolucionó hacia una peritonitis purulenta que, a pesar del tratamiento recibido, no respondió".

El tribunal acude a los informes periciales de la parte demandante, que representa el abogado Javier Saldaña, para concluir que el diagnóstico de la primera consulta médica fue erróneo, ya que no se solicitaron las pruebas complementarias precisas y se envió al paciente a su domicilio, sin tener en cuenta sus antecedentes de úlcera duodenal ni valorar adecuadamente la analítica en la que figura un nivel de leucocitos de 13.400 y 84,4 por ciento de neutrofilos, entre otros motivos.

El informe del perito recalca la omisión de una prueba de radiografía de abdomen en posición de bipedestación que hubiera sido necesaria para un diagnóstico más acertado. La valoración de la Inspección Médica también señala que el diagnóstico de inicio fue erróneo y recuerda que "la praxis médica y la lex artis exigen la adopción de cuantas pruebas médicas sean recomendables para una mejor atención en el tratamiento del enfermo, y que, además, la atención sanitaria es de medios y no de resultados".

Indemnización

El tribunal concluye que la indemnización se fija porque no se ha proporcionado al fallecido la mejor opción de tratamiento y que, aunque no se puede predecir un resultado final diferente al actual como consecuencia de un buen diagnóstico ha sido el retraso del diagnóstico lo que ha producido una pérdida de oportunidad de tratamiento del enfermo, que no puede quedar indemne".
 

Fuente:  Diariomedico.com