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En la presentación de la segunda edición del informe de PwC sobre los
aspectos más relevantes de la Sanidad Española en 2011, que en esta ocasión
ha reducido a diez, los participantes en el acto, todos ellos integrantes del
equipo de personas consultadas para su elaboración, no sólo insistieron en la
insostenibilidad de nuestro sistema sanitario público, como consecuencia del
desajuste permanente entre presupuestos y gastos, agravado por el hecho de
que, a pesar del crecimiento de éstos, aquéllos se siguen recortando, sino
que consideraron el momento de tomar medidas e implicar en la solución a
todos los agentes y no sólo a los proveedores.
El acto de presentación se desarrolló en la mañana del viernes 8 de abril,
momentos después de que, en otro hotel cercano, el consejero de Sanidad de
Cataluña, Boi Ruiz, que también participó en este acto, hubiera expuesto su
programa de recortes para la sanidad pública catalana, programa que fue
considerado como ejemplo o como adelantado de lo que se deberá hacer en el
resto de los servicios de salud a partir del 22 de mayo.
Tiempo de actuar
La apertura del acto, entre quienes no se advirtió a ningún cargo del
gobierno central, corrió a cargo del presidente de PwC, Carlos Max, para
quien todo lo recogido muestra claramente que es necesario hacer cosas y que
el modelo de financiación es uno de los puntos clave a tener en cuenta.
Seguidamente, Ignacio Riesgo, director de consultoría de Sanidad y Farmacia
de PwC, señaló que el informe no había tenido la voluntad de abordar todos
los temas candentes de la sanidad, sino únicamente de las situaciones agudas.
Apuntó cómo en este momento de crisis, en que el gasto sanitario sigue
creciendo, debe justificarse ante la sociedad las razones de ello. Y, en el
repaso a las cuestiones abordadas, insistió que, fruto del crecimiento
descontrolado del gasto, en este momento no se conocía cuál era el monto de
la deuda sanitaria, que existía en todas las Comunidades Autónomas. De ahí
que, en línea con el contenido del estudio, abogara por una financiación
suficiente y una disciplina presupuestaria que pusiera fin al abuso de
carácter preferente de la sanidad para evitar el control del gasto.
A modo de conclusión, Riesgo resumió en cuatro puntos las diez cuestiones
tratadas: ley de financiación sanitaria, gobernanza de los centros, control
de la productividad y preservar la innovación.
Juan Abarca, Daniel
Carreño, Boi Ruiz, Ana Pastor, Julián García Vargas, Jordi Ramentol y Jordi
Martí
Fin de ciclo
Fue el exministro de Sanidad Julián García Vargas, uno de los moderadores del
trabajo, quien, en primer lugar, defendió el informe e, incluso, apuntó que
sería bueno convertirlo en una especie de diagnóstico anual del SNS, algo que
ha faltado hasta ahora, pues se trata de un resumen de las cuestiones
problemáticas sobre las que deben tomarse decisiones.
García Vargas, que criticó la presupuestación irreal para sanidad, pues
incluso para este año las Comunidades Autónomas lo han hecho, de partida, por
debajo de lo presupuestado en 2010. Eso sí, se manifestó en contra de pedir
más recursos sin justificar para qué. Y, en el análisis de situación, el
exministro criticó que no se tuvieran en cuenta todos los recursos, públicos
y privados, algo que parece no extrañarle, pues ni Muface se considera como parte
del sistema público, aunque su financiación es totalmente pública.
Además, insistió en que se estaba en un fin de ciclo y que para el cambio
debían pedirse sacrificios a todos y no sólo a los proveedores. Y auguró que
la reforma debería iniciarse tras las elecciones del 22 de mayo y que debería
liderarla no sólo sanidad, sino inventar un consejo que integre a
responsables de la política fiscal y financiera y a los de sanidad.
Otra política económica
La también exministra Ana Pastor, otra de las moderadoras del trabajo,
consideró que el sistema tenía elementos para su evaluación, recogida en la
Ley de Cohesión, pero que no se aplicaba. Defendió la colaboración
púlbica/privada y, sobre todo, abogó por un cambio del modelo fiscal para el
sector sanitario, que comportaría la supresión del IVA para los medicamentos
y la aplicación de uno superreducido para lo relacionado con la sanidad, así
como un impuesto de sociedades más bajo para las empresas sanitarias. Y es
que, según reiteró, una buena política sanitaria pasa por una buena política
económica, por lo que reclamó un cambio de la actual.
Momento del acto
Apoyo de la sanidad privada
A continuación Juan Abarca Cidón, director general del Grupo Hospital de
Madrid y secretario general de la Fundación IDIS, comenzó su intervención
señalando que no se puede realizar un planteamiento sanitario serio sin
contra la sanidad privada que, en estos momentos, da cobertura a ocho
millones de familias, que asumen un pago voluntario y complementario y que,
de optar por la sanidad pública, podrían incrementar los problemas que ésta
tiene. Además, y fue una crítica a la pública, Abarca Cidón señaló que se
mueve por encuestas y no por resultados. Por otro lado, y de acuerdo con sus
palabras, cada vez resulta más difícil a la sanidad pública cumplir con la
cobertura universal. De ahí que, a la hora de pensar en la asistencia
privada, debería hacerse desde una forma de integración y no sólo de
colaboración.
Deuda de 15.000 millones
Daniel Carreño, presidente de Fenin, la empresarial de tecnología sanitaria,
puso su atención sobre la deuda sanitaria, de la que sólo se conocen
estimaciones y que, de acuerdo con las extrapolaciones realizadas por la que
se mantiene con las empresas del sector de tecnología sanitaria, puede
alcanzar los 15.000 millones de euros. Y es que, según dijo, con las empresas
de Fenin está acreditada una deuda de 3.870 millones de euros y sin que
exista un tiempo concreto de pago.
Carreño, después de haber señalado que la deuda no parecía ser una de las
grandes preocupaciones del Estado, llamó la atención sobre la obsolescencia
tecnológica que se estaba apreciando en las instalaciones sanitarias públicas.
Además, aunque la solución existe pues hay una ley sobre el pago a
proveedores, se tropieza con la falta de disponibilidad presupuestaria para
cumplirla. De ahí que terminara reclamando que se arbitrara un plan de pago y
un modelo de financiación que evitara los errores pasados.
Resistencia al cambio
Desde otro punto de vista, el de la innovación biotecnológica, Jordi Martí,
director general de AMGEN, advirtió de la resistencia al cambio, como sería
adoptar de una vez una decisión clara sobre la resolución de la deuda y la
adopción de un modelo de financiación más rígido. A su entender, la visión
cortoplacista lleva a medidas coyunturales, lo que comporta la tendencia
congénita al déficit. De ahí que, a la vista de lo que está sucediendo actualmente
en Cataluña, reclamara que se preguntara sobre la sanidad que se quiere, si
de lowcost o de última generación.
Y después de señalar que la innovación requiere de un marco predecible y
estable, apuntó la necesidad de una reforma estructural en el campo de la
asistencia, con autonomía de gestión de los centros y corresponsabilidad de
los usuarios, que no comporte el copago como medida aislada. Además de medir
los resultados en salud y generalizar los servicios compartidos entre
proveedores.
Insostenibilidad manifiesta
Finalmente Jordi Ramentol, el presidente de Farmaindustria, comenzó su
intervención comentando que, ya antes de la crisis, muchos señalaban que la
sanidad era insostenible... y sigue siéndolo. Todo porque, según dijo, no se
financia de forma adecuada.
De todos modos, y después de haber hecho referencia al Plan Sectorial para el
Sector de la Industria Farmacéutica dado a conocer recientemente por el
Gobierno, el presidente de Farmaindustria, dado que todos saben cuál es el
origen del problema, la situación actual puede llevar a una situación
desalentadora o ser una gran oportunidad. Él optó por esta última.
Oscar Niort
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