El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha absuelto a la Consejería de Sanidad autonómica y a Zurich España de la demanda de un paciente que pedía una indemnización por un daño desproporcionado tras una intervención en un hombro.

 

La sentencia descarta la aplicación de esta doctrina -que se caracteriza por la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración cuando se ha producido un daño inexplicable en una intervención- al entender que la inclusión en el consentimiento informado del riesgo infrecuente que se materializó elimina esa posible responsabilidad.

 

Según se declara probado en el fallo, el paciente fue diagnosticado de un hombro doloroso artrósico bilateral con pinzamiento subacromial. Tras la detección de una tumoración localizada en hombro derecho se le prescribió una resección extremo-clavicular para lo que firmó un documento de consentimiento en el que figuraba como riesgo infrecuente una rigidez articular y pérdida parcial o total de la movilidad de la articulación. Como consecuencia de la operación se materializó el riesgo advertido.

El enfermo presentó reclamación ante la Administración alegando que el resultado de la intervención a la que sometió fue "desproporcionado en relación con la patología que presentaba en el hombro".

 

 

Asumir un riesgo

 

Para resolver la cuestión en liza los magistrados admiten que de la acormioplastia realizada "no podía preverse que el resultado final fuera la movilidad congelada del hombro". Sin embargo, no puede apreciarse el daño desproporcionado que se reclama, ya que en la propia hoja de consentimiento se advirtió "de la posibilidad, aunque infrecuente, de rigidez articular y pérdida parcial o total de la movilidad de la articulación". La mención de este riesgo y su aceptación por parte del paciente impide sostener que el resultado era "inusualmente grave y desproporcionado". Según el fallo, el daño "era sólo infrecuente, pero no imposible".

La reclamación del paciente tampoco prospera por la no acreditación del vínculo entre el acto médico y el daño. Es decir, los magistrados admiten que la advertencia de ese posible daño en el documento de consentimiento "sí arrojaría una duda sobre la existencia de esa relación causal". Sin embargo, y pese a todo, "no hay prueba que acredite de modo cumplido, cabal, directo, inmediato y exclusivo" esa conexión entre la intervención y el daño, por lo que "no se puede estimar que concurre este elemento".

 

 

Excluir la responsabilidad

 

A estos razonamientos del tribunal autonómico, que admite la oposición a la demanda interpuesta por Zurich España, representada en juicio por Federico de Montalvo, se une el hecho de la inexistencia de uno de los elementos necesarios para la declaración de responsabilidad: la antijuridicidad del daño, es decir, que el paciente deba soportar el perjuicio sufrido.

La sentencia recuerda que esa antijuridicidad queda excluida al haberse prestado el consentimiento informado, sin que el paciente haya intentado probar "la incomprensión de la información proporcionada, pues no propuso prueba en este sentido".

 

La carga del médico

La teoría del daño desproporcionado afecta al médico a la llamada inversión de la carga de la prueba. La presunción de que el daño producido no es compatible con la sencillez de un acto médico impone al profesional probar su inocencia

(DM del 29-III-2010).

 

 

 

 

FUENTE:  Diariomedico.com