El Tribunal Supremo ha revocado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ha condenado a la Comunidad de Madrid y a su aseguradora por mala praxis médica en la atención a una parturienta que dio a luz una niña con una minusvalía del 53 por ciento como resultado del sufrimiento fetal que padeció tras la rotura uterina de la madre.

 

El alto tribunal ha fijado una indemnización de 510.860 euros que tendrán que pagar la Administración y la aseguradora, de manera solidaria, en concepto de responsabilidad patrimonial por un daño antijurídico.

En esta resolución, el Supremo ha valorado una prueba que no tuvo en cuenta el TSJ de Madrid, que es la omisión del registro cardiotocográfico de la gestante durante las cuatro horas anteriores al parto.

 

La Sociedad de Ginecología y Obstetricia (SEGO) incluye este control entre las recomendaciones de sus protocolos y, de manera especial, en los partos vaginales en gestantes que antes hayan sido sometidas a una cesárea, y además, se les suministre oxitocina, pues existe un alto riesgo de rotura uterina.

 

En el caso juzgado se dieron estas circunstancias, pues, según lo probado, la gestante, con los antecedentes de un aborto natural y un parto por cesárea, fue preparada para una extracción vaginal del bebé para lo que se le suministró oxitocina.

 

Mientras se realizaban las maniobras para un parto natural, la mujer sufrió una gran hemorragia vaginal y fue traslada al quirófano para practicarle un cesárea de urgencia, en la que se comprobó que había sufrido una rotura uterina y que la cabeza del bebé se encontraba dentro de la cavidad abdominal. La niña nació con un retraso madurativo por encefalopatía hipóxico-isquémica como consecuencia del sufrimiento fetal que le produjo "la salida de su cabeza a la cavidad abdominal y su estancia en ella", según confirman los informes periciales de expertos médicos de ambas partes.

 

 

Carga de la prueba

 

Con estos datos, el Supremo señala que la parte demandante "ha probado el daño que se ha producido y que éste es consecuencia de la rotura del útero acaecida en la asistencia del parto". De esta forma, el alto tribunal considera que es la Administración sanitaria la que debe demostrar que la asistencia médica se ajustó a la lex artis.

 

Y, en este sentido, la sentencia señala que existen dudas sobre la conveniente monitorización de la paciente durante todo el proceso, que la parte acusada no consigue despejar, pues "se echa en falta aquellos registros y documentos que hubieran permitido una mayor luz sobre lo realmente acontecido en las horas previas a la intervención urgente de cesárea".

 

Rotura uterina

El documento al que se refiere el Supremo es al registro cardiotocográfico de las cuatro horas anteriores a la práctica de la cesárea. Una buena praxis médica hubiera requerido el control de la gestante a través de este registro, pues "constituye un documento de gran valor a la hora de establecer en qué momento se pudo producir la rotura uterina, así como el posible estado del feto durante el periodo completo de dilatación", señalan los infomer del perito.

 

Además, los protocolos de la SEGO establecen que "es conveniente una vigilancia electrónica fetal continua y el registro de la dinámica uterina mediante tocodinamometría externa o con presión interna si se utilizan oxitocicos", como fue el caso, pues "el empleo de la oxitocina incrementa en 2,5 veces el riesgo de rotura uterina".

 

 

La SEGO orienta sobre la buena praxis

 

Aunque la actuación médica que no sigue los protocolos de la SEGO no es necesariamente condenada en un juicio, lo cierto es que hay jurisprudencia para considerar que son una importante guía para los peritos judiciales e, incluso, para que el tribunal se decante por la absolución o la condena. Así, fue el caso de un juzgado de Toledo que absolvió a la Administración de la demanda de una mujer por reclamar una prueba que no recogía la SEGO.

 

 

Fuente:  Diariomedico.com