Tras
la operación, la mujer sufrió diversas complicaciones por
las que quedó con un grado de minusvalía del 65 por ciento.
La sentencia, facilitada por la asociación El Defensor del
Paciente, señala que los hechos sucedieron en 2001 cuando la
enferma sufrió parálisis facial y un proceso de deterioro
físico tras ser intervenida en el centro sanitario de un
schuawnoma (neurinoma del acústico izquierdo).
Seis días más tarde ingresó en la unidad de cuidados
intensivos, donde sufrió un episodio de bronco aspiración
por el que fue entubada y conectada a un respirador. Como
consecuencia de esta situación la paciente desarrolló una
neumonía que derivó en una complicación de la oxigenación
cerebral y provocó un infarto cerebral.
La enferma fue dada de alta con secuelas que le determinaron
un grado de minusvalía del 65 por ciento. Por estos hechos,
los hijos de la perjudicada reclamaban ante los tribunales
una indemnización de 200.000 euros al considerar que a su
madre no se le había facilitado el consentimiento informado
preceptivo en el centro hospitalario.
El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por los hijos
de la paciente contra la resolución dictada por un juzgado
de instancia en la que se eximía de responsabilidad
patrimonial a la Consejería de Sanidad. Los magistrados del
TSJ de Valencia aprecian responsabilidad por omisión del
consentimiento informado y fijan la indemnización en 30.000
euros.
La Sala Contenciosa señala que la paciente debió ser
informada "sobre las alternativas, la técnica a emplear y
las posibles complicaciones mayores y menores", algo que no
se produjo, por lo que se cometió "una infracción de la lex
artis al omitir el consentimiento informado a la enferma en
la intervención".
FUENTE:
Diariomedico.com
