Laura Fonseca

El presidente de la entidad, Ricardo de Lorenzo, pide que se regule la denominada ‘Quota Litis’, una figura que legaliza el pacto anticipado entre abogado y cliente
 

Oviedo (12-5-10).-

Los juristas españoles están preocupados. En la era de la globalización no sólo productos como el iPad copan mercados. También la forma de llevar los juicios y de presentar las reclamaciones judiciales. Las llamadas demandas colectivas, una fórmula muy extendida en Estados Unidos y que ha permitido a los demandantes hacerse con cuantiosas indemnizaciones a cuenta de hipotéticos daños en salud, podrían irrumpir en España donde no existe una regulación clara al respecto. La Asociación Española de Derecho Sanitario ha alertado sobre el riesgo que conllevaría este tipo de práctica, que podría derivar en ‘la presentación de demandas judiciales en cascada’.

Ricardo de Lorenzo, presidente de dicha entidad, considera que España debería regular el uso de la ‘Quota litis’, una figura hasta ahora vetada por los códigos deontológicos del Derecho pero a la que el Tribunal Supremo acaba de dar total legalidad. La ‘Quota Litis’, altamente empleada en sistemas jurídicos como los de Estados Unidos, permite que abogado y cliente alcancen un pacto anticipado, es decir, que acuerden unos honorarios hipotéticos a cuenta de la indemnización que se podría alcanzar en el pleito. ¿Qué supone esto? Una especie de mercantilización de las demandas, alertan los expertos.

Estos temores fueron puestos de manifiesto en el Seminario ‘Demandas colectivas y riesgo de desinformación’ que ha celebrado en Oviedo la Asociación Española de Derecho Sanitario. De momento, en España no se han registrado demandas colectivas de esta índole en el ámbito de la salud. Pero los juristas insisten en que ‘todo se andará’. De hecho, apuntan que en otros sectores, como la banca, si se ha registrado algún intento. Detrás de este tipo de reclamaciones, como la que se pretendió llevar a cabo entre los afectados del accidente aéreo de Spanair en Barajas, hay siempre prestigiosos bufetes de abogados de Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en España, donde los pleitos aunque grupales deben estar secundados por afectados individualizados, las demandas colectivas basadas en la ‘Quota Litis’ pueden presentar la reclamación en nombre de un indeterminado número de damnificados. Y es ahí donde estriba el principal problema.

Según advierte Ricardo de Lorenzo, "el pronunciamiento del Tribunal Supremo en torno a la legalidad del pacto entre abogado y cliente ha venido a coincidir con la actividad de algunos despachos extranjeros que incentivan en nuestro país la presentación de demandas colectivas en nombre de asociaciones de consumidores o de pacientes contra empresas multinacionales, entidades bancarias e, incluso, la Administración sanitaria". Estos despachos, insiste dicho responsable, "pretenden trasladar a la práctica procesal española actuaciones que en su país de origen están muy reguladas, a diferencia de lo que sucede en nuestro país, lo que acarrea riesgos evidentes de inseguridad, por completo inaceptable".

En este sentido, los magistrados de lo Social y de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Eduardo Serrano Alonso y Rafael Fonseca González, respectivamente, han advertido que "la mera difusión del hecho de la presentación de una demanda colectiva podría generar consecuencias graves en términos de pérdidas de imagen y de valoración profesional y empresarial, difícilmente reparables".
 

2.000 reclamaciones anuales

Por su parte, el letrado Juan Méjica, ex responsable de los servicios jurídicos del extinto Insalud en Asturias, ha señalado que actualmente siete de cada diez demandas que se presentan en el Principado "tienen su origen en la falta de información". En Asturias se cursan del orden de 2.000 demandas judiciales al año. Una por cada 10 millones de actos médicos. De ellas, "solo prospera el 40 por ciento".

Otro experto en la materia, el abogado y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, ha comentado que la irrupción en España de las denominadas demandas colectivas "aumentaría claramente la litigiosidad", ya que para presentar un pleito "no haría falta contar con el consentimiento del afectado".

Los juristas abogan por la regulación. "No estamos diciendo que la ‘Quota litis’ sea buena o mala, sino que debe estar regulada como ocurre en otros países de la Unión Europea", donde se exige a las asociaciones demandantes que reúnan determinados requisitos previos para poder iniciar un juicio.