La Audiencia Provincial de Tarragona ha desestimado la reclamación de una compañía aseguradora de asistencia sanitaria que había sido condenada a pagar una indemnización de 18.857 euros por los daños causados a un paciente tras una intervención de cataratas.

La resolución analiza el recurso que la entidad interpuso contra la sentencia dictada en primera instancia, solicitando la absolución al entender que entre ella y el paciente no existía relación contractual que le obligara a responder por la mala praxis sanitaria. En concreto, la aseguradora afirmaba que sólo estaba obligada a "sufragar los gastos de los servicios médicos que presta al asegurado, y no a prestar directamente los servicios, ya que su objeto social es únicamente el de asegurar".

 

Además, aclara que el facultativo que practicó la operación "actuaba con plena independencia" y que su responsabilidad sólo podría generarse por el "incumplimiento del contrato respecto de la cobertura pactada o de las obligaciones previstas en la Ley del Contrato de Seguro".

 

Por último, sostenía en el recurso que no concurre responsabilidad por "publicitar una buena asistencia sanitaria, ya que no tiene deber de vigilancia y control de las actuaciones de los facultativos, sino que la relación es directa entre el sanitario y el enfermo, y basada en la confianza entre ambos".

Los magistrados no admiten estos argumentos y recuerdan la doctrina del Tribunal Supremo sobre responsabilidad de las aseguradoras de asistencia sanitaria. El fallo afirma que esta responsabilidad "se basa en que la aseguradora garantiza o asume el deber de prestación directa de la asistencia sanitaria".

La obligación que liga a la entidad con la asistencia prestada "se puede inferir de la forma de actuación de los facultativos en virtud del principio de apariencia o de los actos de publicidad de la entidad aseguradora".

 

Relación contractual

La doctrina del Tribunal Supremo, que analiza la cuestión desde el punto de vista del asegurado que contrata un seguro en atención a la garantía de calidad, recuerda que en estos supuestos "los médicos actúan como auxiliares de la aseguradora, correspondiendo a ésta la responsabilidad de la adecuada prestación". En consecuencia, corresponde a la entidad la responsabilidad de la adecuada prestación a la que se obliga a resultas del contrato con el asegurado".

En cualquier caso, esta obligación que recae sobre la aseguradora no afecta a la que le corresponda "al santiario frente al paciente con carácter solidario junto a la aseguradora y sin perjuicio de la acción de regreso de ésta contra su auxiliar [facultativo]".

Por último, los magistrados de la Audiencia de Tarragona aclaran que esa garantía que se establece en el contrato entre aseguradora y asegurado "es criterio de imputación objetiva cuando aparece que la posición de la compañía no es de mero intermediario, sino la de garante del servicio". Visto desde esta perspectiva, la responsabilidad de la entidad "tiene carácter contractual y no excluye la que corresponda al facultativo".
Con estos argumentos el tribunal rechaza el recurso y confirma la condena, que le impuso una indemnización por mala praxis a pagar de forma solidaria con el facultativo que realizó la intervención. 
 

La doctrina sobre las clínicas

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de las clínicas privadas declara que si éstas sólo se comprometen a poner a disposición de los médicos los medios materiales, no responden de los daños por las actuaciones sanitarias. Los magistrados de la Sala Civil afirmaron que, en el caso analizado por la resolución judicial, "el contrato celebrado por el centro pertenece a la categoría de los denominados de clínica u hospitalización (...) que puede abarcar la prestación de distintas clases de servicios pero que, en todo caso, comprende los llamados extramédicos y los denominados asistenciales o paramédicos".La imputación de estas entidades se justifica porque garantizan el servicio y no aparecen como meras intermediarias de la prestación

 

 

 

Fuente: Diariomedico.com