Escrito por D. Miguel Sánchez León
Jueves, 16 de Abril de 2009 09:13

 

La demanda de la actividad pericial ha experimentado un incremento notable en los últimos ocho años debido por un lado, al aumento significativo del número de reclamaciones de responsabilidad civil profesional y, por otro lado, debido a la nueva regulación dada a la actividad pericial en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil.
 
El artículo 341 de la citada ley impone a los Colegios profesionales o, en su defecto, a entidades análogas, así como a Academias e instituciones culturales y científicas la elaboración y remisión, anual, de un listado de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. Los Colegios profesionales y, en concreto, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid se encarga de velar por la cualificación profesional y ética de aquellos colegiados que desean incorporarse o permanecer en el listado anual de Peritos.
 
Resulta de especial interés para quienes desarrollan o están interesados en desarrollar la actividad parcial saber los derechos y obligaciones que tiene el Perito.
 

 

1.- DERECHOS DEL PERITO
 
1.1.- Derecho a percibir sus honorarios profesionales.
 
El perito tiene derecho a percibir los honorarios correspondientes a la actividad pericial que desarrolla.

La forma de gestionar el cobro de los honorarios profesionales difiere según la jurisdicción civil, penal, laboral o contencioso-administrativa en la que se realice la actividad pericial y en función de quien proponga la prueba pericial:
 
En la Jurisdicción civil y contencioso-administrativa rige la regulación establecida por la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil. Conviene distinguir, como decía anteriormente, si la prueba pericial se realiza a instancia de parte o por designación judicial.
 
a) En el primero de los casos, nos referimos a aquellos dictámenes periciales elaborados por peritos designados, particularmente, por las partes y aportados junto con los escritos de demanda o contestación. En estos casos, los peritos pueden pactar con las partes los servicios, honorarios profesionales y forma de pago de los mismos.

 

En este tipo de intervenciones periciales es absolutamente recomendable suscribir una hoja de encargo en la que se recoja los servicios contratados, los honorarios profesionales que se cobrarán por los mismos y la forma de pago de aquellos. En esta hoja de encargo se puede presupuestar, incluso, la asistencia a juicio en caso de no ser contratada, así como intervenciones complementarias solicitadas con posterioridad, tales como información sobre cuestiones técnicas conexas, la crítica de otros dictámenes…

 

En esta hoja de encargo conviene indicar si el importe de las pruebas necesarias para la elaboración del dictamen están incluidas o no. La existencia de esta hoja de encargo contribuye a evitar discrepancias en la relación contractual establecida entre el Perito y el cliente a la hora de liquidar los honorarios profesionales y gastos generados con motivo de la actividad pericial. A veces, se encarga y se abona al perito únicamente la elaboración de un dictamen pericial, asegurándole no ser necesaria la asistencia a juicio, y sin embargo, posteriormente, se requiere del Perito, a través del órgano judicial, la asistencia al juicio para ratificar el informe y ya, de paso, solicitarle aclaraciones o explicaciones sobre el mismo. Es recomendable que, aunque en ese mandato inicial no se le encarguen estas posibles intervenciones, en la hoja de encargo se presupuesten, al objeto de poder reclamar de la parte que posteriormente las solicita los honorarios correspondientes a las mismas, sin posibilidad de discutir, entonces, el concepto y las cuantías de esos servicios.
 
Los honorarios profesionales del Perito son libres. Algunos Colegios Profesionales, entre los que se encuentra el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, han elaborado y aprobado unos criterios orientadores para fijar los honorarios profesionales derivados de la actividad pericial médica, con el objeto de servir de referencia. Conviene aclarar a este respecto que no es lícito pactar con el cliente que los honorarios profesionales consistan en un porcentaje de la indemnización que perciba éste.

b) El segundo de los casos, son aquellos dictámenes periciales elaborados por peritos nombrados por designación judicial. En estos casos los honorarios no son convenidos con la parte proponente por la naturaleza de la propia designación. El Perito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 342.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede solicitar, en los tres días siguientes a su aceptación o nombramiento, a través del órgano judicial, la provisión de fondos que considere necesaria, que siempre será a cuenta de la liquidación final de los honorarios devengados. El órgano judicial requerirá a la parte o partes que hayan propuesto la prueba pericial el abono, en los cinco días siguientes, de la cantidad que determine en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribunal. Si la parte o partes requeridas para abonar la provisión no la hiciesen efectiva, el órgano judicial exime al Perito de emitir el dictamen pericial. Si la parte consigna la provisión de fondos el Juzgado expide al Perito un mandamiento de devolución para que pueda cobrar dicho importe. Si el Perito deja pasar este cauce legal que habilita la ley para obtener la provisión de fondos, se verá obligado, a partir de ese momento, a realizar el dictamen pericial y a asistir al juicio. El Perito no tiene obligación de esperar a la firmeza de la resolución para percibir sus honorarios. El artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su apartado 1 que “ salvo lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cada parte pagará los gastos y costas del proceso causados a su instancia a medida que se vayan produciendo. Continúa este párrafo primero señalando que se consideran gastos del proceso aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la existencia de dicho proceso, y costas la parte de aquellos que se refieran, entre otros conceptos, a “ 4º Derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso ”.
 
El apartado segundo de dicho precepto, establece que “ Los titulares de créditos derivados de actuaciones procesales podrán reclamarlos de la parte o partes que deban satisfacerlos sin esperar a que el proceso finalice y con independencia del eventual pronunciamiento sobre costas que en éste recaiga. ”
 
El artículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que “la parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame.”
 
En este supuesto de designación judicial del Perito hay que distinguir varios supuestos a la hora de tramitar el cobro de los honorarios profesionales:
 
I) En el que la prueba es solicitada por alguna de las partes sin beneficio de justicia gratuita.
 
En este supuesto, tal y como hemos indicado anteriormente, el Perito puede pedir, en el momento de la aceptación o en los tres días siguientes a la misma, la correspondiente provisión de fondos.

 

El órgano judicial resolverá sobre la provisión, manteniéndola o reduciéndola en la cantidad que considere oportuna, sin perjuicio de la liquidación que finalmente corresponda. En el supuesto de que la prueba pericial fuese interesada por las dos partes, la provisión de fondos debe ser abonada entre las mismas.

 

Si alguna de las partes no abonase la provisión de fondos, el órgano judicial dará la posibilidad a la otra, si a su derecho conviniere, de cubrir dicho concepto al objeto de que el informe pericial contemple los extremos interesados por aquella.

 

El coste de los informes periciales realizados por peritos designados particularmente por las partes, en principio, no pueden ser incluidos en la tasación de costas ya que no corresponden a actuaciones realizadas dentro del proceso e incluso pueden considerarse innecesarios, cuando interviene un perito designado judicialmente.

II) En el que la prueba es solicitada por alguna de las partes con beneficio de justicia gratuita.
 
En este caso, una vez aceptado el nombramiento y antes de realizar la prueba, el Perito debe remitir a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de Política Interior, dependiente de la Comunidad de Madrid, que actualmente se encuentra en la C/ Gran Vía 18 3ª Planta, una previsión del coste económico de la prueba pericial solicitada. Esta previsión debe contener el número de horas previsto para la realización de la pericia, determinando el valor del coste por hora y los gastos necesarios para la realización de la prueba. A esta previsión hay que adjuntar copia del nombramiento. Esta previsión del coste económico se considera aceptada por la administración, si en el plazo de un mes, desde su recepción, la referida Dirección General no formula oposición a la misma. Una vez elaborado el dictamen y ratificado el mismo en el acto del juicio, el Perito debe remitir al citado organismo la correspondiente factura, acompañando a la misma un certificado emitido por el Secretario Judicial en el que se indique: a) el nombramiento efectuado por el órgano judicial; b) la presentación del dictamen ante el órgano judicial y, en su caso, la ratificación del mismo; c) el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita a favor de la parte proponente. Estos requisitos legales se encuentran recogidos en el Decreto 86/2003, de 19 de Junio. Cuando el dictamen es presentado ante órganos judiciales dependientes de la administración central ( Audiencia Nacional o Tribunal Supremo ) los requisitos legales se encuentran regulados en el Real Decreto 996/2003, de 25 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
 
III) En el que la prueba es solicitada por el Fiscal o por el Juez.
 
Este supuesto que es muy usual en procedimientos penales es muy atípico en los procedimientos civiles o contenciosos-administrativos. En este supuesto los honorarios profesionales del Perito no se abonan por la administración hasta que no concluye el procedimiento judicial por resolución firme (sentencia o auto de archivo, sobreseimiento) y sin condena en costas a alguna de las partes. Si hay condena en costas el Perito debe reclamar sus honorarios al condenado y si éste es declarado insolvente, abona dichos honorarios la administración. Concluido el procedimiento por resolución firme el Perito debe remitir a la administración su minuta de honorarios, acompañando a la misma certificado del órgano judicial sobre los siguientes extremos:
 
Que en el citado procedimiento se designó al Perito y que éste aceptó su nombramiento.
 
Que la propuesta de la prueba pericial fue a instancias del Juez o Fiscal.
 
Que el Perito presentó ante el órgano pericial el informe, siendo ratificado, en el momento procesal correspondiente.
 
Que el citado procedimiento finalizó por Sentencia o Auto firme y sin condena en costas a ninguna de las partes.
 
Una vez finalizado el procedimiento, el Perito remite a la Administración de Justicia la minuta de honorarios y la certificación expedida por el Secretario Judicial.
 
En la minuta de honorarios se debe indicar con claridad los datos del Perito ( nombre y apellidos, dirección, teléfono y N.I.F ); los datos de la persona a la que se emite la factura, que bien puede ser el paciente o quien abone por cuenta del mismo, como por ejemplo, una Compañía de Seguros ( nombre y apellidos o razón social, dirección, teléfono y C.I.F o N.I.F ); el concepto ( Organo judicial, clase de procedimiento, numero de procedimiento y descripción del trabajo realizado ). Si se trata de un dictamen pericial, solicitado con carácter previo a la reclamación judicial, los datos del órgano judicial, procedimiento.. no se podrán consignar; los datos económicos, numero de factura, fecha y lugar de expedición, importe neto, importe a añadir en concepto de IVA (7%), importe a deducir en concepto de I.R.P.F (15%), importe a cobrar y numero de cuenta corriente en la que se debe abonar. Si la factura se emite a una persona física no se deducirá el 15% de I.R.P.F. Solo si se emite a una persona jurídica se debe aplicar dicha retención.
 
El Perito tiene derecho, en cualquier caso, a percibir los honorarios correspondientes a su esfuerzo y tiempo dedicado, aún cuando las partes lleguen a un acuerdo o convengan la terminación extraprocesal del pleito, es decir, cuando el Perito, citado a juicio, contempla como las partes alcanzan un acuerdo, no siendo necesaria, ya, la celebración del juicio ni la intervención del mismo.
 
1.2.- Derecho a solicitar el reconocimiento del paciente y examen de la documentación e informes aportados al proceso
 
El Perito tiene derecho a que por parte del órgano judicial se le facilite la documentación e informes aportados por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, para poder elaborar su dictamen pericial. Así mismo, el Perito tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la persona objeto de la pericia. En relación con esto, el Perito tiene derecho a recibir un trato acorde con su condición de auxiliar de la administración de justicia.
 
1.3.- Derecho a exponer libremente sus argumentos
 
El Perito tiene derecho a exponer, libremente, en el informe pericial sus argumentos, razones técnicas y las conclusiones a las que llega tras el estudio y valoración de la cuestión técnica sometida a su consideración.
 
1.4.- Derecho a renunciar al encargo pericial por causa justificada
 
Así mismo, el Perito tiene derecho a renunciar al encargo pericial cuando exista causa justificada para ello, como puede ser por el hecho de que la cuestión técnica sometida a dictamen no sea propia de su especialidad.
 
1.5.- Derecho a formular alegaciones y a defenderse de las recusaciones y tachas formuladas por las partes
 
El perito tiene derecho a defenderse de las manifestaciones expresadas por las partes con ánimo de tacharle o recusarle. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo pueden ser recusados los peritos designados judicialmente. Los Peritos no recusables pueden ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias: ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de alguna de las partes o de sus abogados o procuradores; tener interés directo o indirecto en el asunto u otro semejante; estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o de contraposición con alguna de las partes o con sus abogados o procuradores; amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o con sus abogados o procuradores; cualquier otra circunstancia que les haga desmerecer en el concepto profesional. Los Peritos designados judicialmente pueden ser recusados por los motivos siguientes: El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los expresados en el artículo anterior; El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad o afinidad dentro del segundo grado con el Letrado y el Procurador de cualquiera de las partes que intervengan en el pleito o causa; Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta; Ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes; Tener pleito pendiente con alguna de éstas; Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los expresados en el artículo anterior; Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa. A parte de estas causas de recusación previstas por la Ley Orgánica del Poder Judicial, hay otras tres causas, expresamente establecidas para peritos en el artículo 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que son: haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso; haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo; tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. Si se diese alguna de estas circunstancias el Perito debe abstenerse de actuar, motivando su decisión. La recusación del perito debe hacerla la parte, por escrito con firma de abogado y procurador. La recusación no puede realizarse después de celebrado el juicio o vista. De la propuesta de recusación presentada por la parte se da traslado al Perito para que manifieste si es cierta o no la causa de recusación. Si reconoce la causa se le tiene por recusado y se nombra a otro. Si el Perito no acepta o niega la causa de recusación se convoca a las partes a una comparecencia, a la que deben acudir asistidas de abogado y procurador. Celebrada la citada comparecencia, el órgano judicial resuelve si acepta o no la recusación.

 

 
2.- DEBERES DEL PERITO
 
El desarrollo de la actividad pericial implica también la asunción por parte del Perito de una serie de deberes y responsabilidades. Las responsabilidades que asume éste serán objeto de un posterior artículo. En este, vamos a tratar de forma independiente los deberes del Perito.
 
2.1.- Aceptación del cargo y prestar juramento
 
La aceptación del cargo por parte del Perito puede variar en función de si éste es designado de forma particular por la parte o si, por el contrario, es designado por parte del juzgado a instancia de cualquiera de las partes, de ambas, del Fiscal o del Juez. En el primero de los casos, el Perito acepta el encargo y, por lo tanto, su nombramiento como perito, cuando llega a un acuerdo con quien le pide el dictamen pericial y se compromete a realizarlo.

 

En este sentido es igualmente útil la confección de la citada hoja de encargo ya que a través de esta se documenta el momento de la aceptación y, consecuentemente, el comienzo del deber de cumplir el servicio contratado.

 

Como ya decíamos, en la misma se pueden recoger, además, todos los detalles del encargo, el importe del mismo e, incluso, el de aquellas actividades que aunque no se hubiesen solicitado al inicio, puedan resultar necesarias posteriormente. Otro deber, intrínsecamente ligado a la aceptación es el de prestar juramento de actuar con la mayor objetividad posible. En este supuesto que estamos tratando, el juramento se presta, por escrito, al principio o al final del dictamen pericial. No existe una formula concreta para expresar dicho juramento. El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, señala que al emitir dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. En base a lo dispuesto en el citado artículo, la formula del juramento podría ser del siguiente tenor: “ juro prometo que he actuado y, en su caso, actuaré con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a las partes, y que conozco las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliese mi deber como perito.”
 
En el segundo caso, es decir, cuando el Perito es designado por el órgano judicial a instancia de alguna de las partes, de ambas, del Fiscal o del Juez, aquel está obligado a aceptar el cargo, a no ser que exista justa causa para lo contrario. La ley no contempla los supuestos en los que se considera justificada la falta de aceptación por parte del Perito. Se presume justificada la renuncia a la designación cuando concurre en el Perito alguna de las causas de abstención o recusación o alguna situación familiar, laboral o de salud que le impida ocuparse de la prueba pericial. En estos casos, el Perito designado es sustituido por el siguiente de la lista. En los casos de abstención o recusación, no pierde turno en el listado, siendo nombrado para la siguiente designación, no teniendo que esperar a que se de la vuelta al listado y le vuelva a tocar. La renuncia injustificada a las designaciones periciales da lugar a la pérdida de la condición de Perito y a la exclusión del mismo del listado de Peritos de la Administración de Justicia.
 
2.2.- Identificar e informar a la persona que va a ser objeto de la prueba pericial
 
El Perito debe identificar a la persona que va a ser explorada y objeto de la prueba pericial. Así mismo, debe informar, previamente, al interesado el motivo por el cual actúa, la misión que le ha sido encomendada y por quién.
 
2.3.- Presentar el dictamen, elaborado personalmente por él, conforme a las reglas de lealtad, imparcialidad y buena fe, dentro del plazo fijado por el Organo Judicial
 
El dictamen debe ser realizado personalmente por el Perito, sin perjuicio de la colaboración puntual que pueda tener por parte del personal a su cargo o de otros colegas. Debe desarrollar toda la actividad pericial aplicando la más absoluta lealtad, imparcialidad y buena fe. El Perito debe fundamentar sus conclusiones en datos y experiencia técnica.
 
El dictamen pericial debe ser entregado o presentado en el Organo Judicial en el plazo fijado por el mismo. La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece un plazo para la elaboración y presentación del dictamen pericial. Por analogía con el plazo que tiene el Contador-Partidor para elaborar las operaciones divisorias, éste debería ser de dos meses, en los casos en los que no se fija otro distinto.
 
2.4.- Guardar secreto sobre la actividad pericial desarrollada
 
El Perito debe guardar secreto acerca de los datos y conclusiones a las que pudiera llegar a raíz de la actividad pericial. Por poner un ejemplo, en muchas ocasiones las partes se valen de diversos dictámenes periciales, algunos favorables y otros no tan favorables, que no son aportados al proceso. Las partes o los restantes Peritos no tienen por que saber esto ni el resultado del dictamen. Los artículos 14 y 16 del Código de Etica y Deontología Medica regulan lo relativo al secreto profesional. El apartado 2º del artículo 14 señala que “ el secreto profesional obliga a todos los médicos cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio ” señalando el apartado 3º que “ el médico guardará secreto de todo lo que el paciente le haya confiado y de lo que él haya conocido en el ejercicio de la profesión ” deber de secreto que no se extingue por la muerte del paciente.
 
El artículo 16 establece en que circunstancias queda eximido el deber de secreto. Entre estas circunstancias se encuentra la del imperativo legal. El Perito que es citado por el Organo Judicial para ratificar o aclarar el informe está relevado del deber de guardar secreto. Ahora bien, solo en lo estrictamente necesario o relacionado con la actividad pericial. Si alguna parte preguntase al Perito datos que pudieran ir mas allá de la actividad pericial solicitada, debería ampararse en el deber de secreto profesional para no contestar.
 
2.5.- Respetar y cumplir el Código de Etica y Deontología Medica y aquellas disposiciones que regulan la actividad pericial
 
El Perito, en el ejercicio de la actividad pericial debe igualmente respetar las disposiciones contenidas en el citado código y todas aquellas otras normas que regulan la actividad pericial. Por poner un ejemplo, el Perito en base a lo dispuesto en el referido código, no debe peritar sobre un paciente suyo.
 
2.6.- Peritar sobre cuestiones técnicas que sean propias de su especialidad
 
El Perito debe aceptar y cumplir el encargo cuando la cuestión sometida a su análisis sea propia de su especialidad. El médico especialista que emita un informe debe ser el idóneo para tratar la cuestión técnica sometida a su criterio. Así lo establece el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al señalar que los Peritos deben poseer título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste. A veces, la cuestión técnica se centra, únicamente, en la valoración de las lesiones, en cuyo caso, la persona más idónea para peritar no será tanto un médico especialista como un médico que tenga conocimientos en valoración del daño corporal. La regulación de las distintas especialidades médicas se encuentra recogida en el Real Decreto 127/1984, de 11 de Enero, modificado por el Real Decreto 139/2003, de 7 de Febrero, por el que se actualiza la regulación de la formación médica especializada.
 
2.7.- Colaborar con el Organo Judicial
 
El Perito debe colaborar con el Organo Judicial en todo lo relativo a la práctica de la prueba pericial, facilitando la diligencia de la misma. La labor del Perito no se limita a emitir el dictamen pericial, para luego ratificarlo en el acto del juicio. Las partes pueden requerir del Perito la intervención que consideren oportuna, siempre y cuando el órgano judicial no considere la petición inútil o impertinente. El artículo 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que, en especial, las partes pueden solicitar al Perito la exposición completa del dictamen, cuando la exposición requiera la realización de operaciones complementarias; la explicación del dictamen o de alguno de sus puntos; respuestas a preguntas u objeciones sobre el método, premisas y conclusiones del dictamen; respuestas a solicitudes de ampliación del dictamen a otros puntos conexos; crítica del dictamen de la parte contraria. El Perito no puede negarse a lo que le requiera el Juzgado, a instancia de la parte o partes, sin perjuicio de que facture dichas actividades complementarias.
 
El Perito debe redactar el dictamen pericial de forma clara y precisa, procurando exponer con términos y explicaciones comprensibles para los defensores y para el Juez o Magistrado las cuestiones sometidas a su valoración.

 

Esto constituye una colaboración importantísima con el órgano judicial ya que, quien, finalmente, tiene que adquirir la certeza técnica de lo que se está cuestionando es el Juez o Magistrado que debe resolver. Un informe pericial excesivamente técnico contribuye a hacer la cuestión litigiosa más compleja y difícil, transmitiéndose dicha complejidad a la tramitación procesal, ya que si el informe no es claro suele dar lugar a peticiones de operaciones periciales complementarias. El Perito no debe entrar en cuestiones jurídicas, ni debe criticar los otros dictámenes aportados al proceso, si no ha sido requerido para ello. Debe centrar su trabajo en informar sobre la cuestión técnica que se le ha planteado. Cabe preguntarse si el Perito debe limitarse estrictamente a responder las preguntas planteadas por las partes o si por el contrario puede centrar, desde el punto de vista técnico, la cuestión. En ocasiones, si el Perito se limita a contestar lo estrictamente preguntado, se da la situación de que la prueba pericial, en esos términos, es completamente inútil. A veces, el Perito debe centrar la cuestión técnica. Por ejemplo, en un procedimiento sobre incapacidad, en el que las partes discuten si es una u otra lesión y si es de nacimiento o sobrevenida por la actividad laboral, el Perito debe indicar que lo importante al objeto del pleito es determinar si el problema, con independencia de su nombre u origen, incapacita o no.
 

2.8.- Presentar la minuta o factura correspondiente a sus servicios
 
EL Perito debe presentar bien a la parte que si sirvió de su informe, bien al procedimiento judicial, la factura correspondiente a sus servicios para que, en caso de existir condena en costas, la parte beneficiada de dicha condena pueda presentar las minutas de los profesionales a los que han abonado y justificante de los gastos que han tenido que asumir. El concepto “ condena en costas ” se encuentra recogido en el artículo 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La condena en costas engloba los honorarios de Abogado, Procurador, Perito; las certificaciones oficiales abonadas; los depósitos satisfechos por recursos así como los anuncios y edictos. Para poder tasar las costas, es preciso aportar las minutas de los profesionales que han intervenido y los justificantes de los gastos que se han producido. El Perito, como otros profesionales que intervienen en el proceso, debe emitir y aportar la minuta correspondiente a sus servicios. La negativa a aportar dicha minuta, dentro del plazo establecido, puede dar lugar a la imposibilidad de inclusión en un momento posterior, con el perjuicio que ello podría suponer para la parte.
 
Para concluir, señalar que el correcto ejercicio de los derechos y el diligente cumplimiento de las obligaciones, hacen de la actividad pericial una labor de especial trascendencia en el proceso judicial.
 

 
 

Fuente:   Revista  calidadyriesgo.es