Un auto de la Audiencia Provincial de Burgos ha delimitado la responsabilidad penal en el ámbito sanitario. Según el fallo, "cualquier imprudencia no puede, automáticamente, por el hecho de haber producido lesiones, determinar una condena penal.

El proceso penal tiene su fundamento y justificación en la existencia de una conducta contraria a los elementales deberes de prudencia y diligencia". Con esta argumentación, el tribunal ha desestimado el recurso de los familiares de un paciente que falleció tras diagnosticársele un carcinoma de vesícula en 2003.

El enfermo acudió al hospital con un episodio de cólico biliar y el médico demandado le diagnosticó una colelitiasis y estimó necesaria la extirpación de la vesícula biliar. Dos años más tarde el afectado falleció por una encefalopatía hepática secundaria a las metástasis hepáticas. Los demandantes mantenían que el médico no efectuó todas las pruebas necesarias para diagnosticar una enfermedad tan grave como el cáncer y que vulneró el derecho del paciente y de sus familiares a ser informados. Por todo ello, le acusaban de un delito de homicidio imprudente, tipificado en el artículo 142 del Código Penal.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Aranda de Duero dictó un auto de sobreseimiento provisional "al no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito". Los familiares apelaron este auto, que ha sido confirmado ahora por la Audiencia de Burgos.

El tribunal, que recoge las argumentaciones de Alfonso Codón, abogado del Colegio de Médicos de la capital burgalesa, asume los informes de la médico forense, que señala que "el tratamiento aplicado a la neoplasia por parte del médico demandado fue correcto".

Según la perito, el adenocarcinoma de vesícula biliar es una neoplasia poco frecuente y se mantiene asintomático hasta estadios muy avanzados, por lo que posee un mal pronóstico. El auto considera que el tratamiento del adenocarcinoma de vesícula fue correcto, "si bien se debieron realizar controles periódicos posteriores para descartar posibles recidivas". Sin embargo, "la falta de estos controles no guarda relación con la aparición del cáncer que provocó el fallecimiento".

Fuera del orden penal

Por todos estos razonamientos, "la conducta del profesional debe quedar fuera de la jurisdicción penal y canalizarse -si procedierapor el ámbito previsto en el artículo 1902 del Código Civil, o, en todo caso, por vía administrativa, por tratarse de un supuesto de responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración".

Según el tribunal, tampoco hay constancia de que el médico de cabecera -que vio al paciente posteriormente- tuviese conocimiento del estudio histopatológico de la vesícula estirpada, "no pudiendo comunicárselo al enfermo o a su familia".

Fuente:  Diariomedico.com