Las demandas por daños sufridos por los pacientes atendidos en centros privados que tengan concierto con la Administración pública se estudian en la jurisdicción civil siempre que la reclamación se dirija exclusivamente contra la entidad privada. Así lo ha declarado en un auto la Audiencia Provincial de Madrid.

Marta Esteban 03/10/2008

La resolución judicial analiza la doctrina contradictoria en esta materia. El Tribunal Supremo, en una reclamación contra una mutua de accidentes de trabajo, entendió que la jurisdicción contenciosa era la competente para resolver la demanda, pues la "ley de la jurisdicción contenciosa sujeta de manera unitaria las reclamaciones por daños causados por asistencia prestada en el Sistema Nacional de Salud que integra todas las funciones y prestaciones sanitarias". Según el alto tribunal, lo relevante no es tanto "el carácter o condición de Administración o entidades públicas como su condición de centros que realizan prestaciones sanitarias propias del Sistema Nacional de Salud".
 

Requisitos previos

El tribunal de Madrid aclara que "el elemento esencial para determinar si la competencia es de la jurisdicción contenciosa o de lo civil es si la prestación por la que se reclaman los daños debe entenderse incluida en el ámbito del Sistema Nacional de Salud". Sin embargo, es necesario que concurra otro requisito: determinar el destinatario de la reclamación.

El auto, que resuelve una reclamación contra una entidad privada por los daños sufridos por un paciente en un centro que tenía concertada la asistencia con el Isfas, sostiene que cuando la demanda "se dirige de forma exclusiva contra la entidad privada que ha prestado la asistencia sanitaria no se está revisando en ningún caso la actuación de la Administración, en este caso, del Isfas, sino la de una entidad privada".

En este caso, la Audiencia de Madrid entiende que la entidad privada a la que se ha demandado no es una Administración pública y, aunque la entidad con la que se suscribió el concierto -Isfassí sea ente público, no se reclama por la aplicación del convenio "sino por la prestación sanitaria que la entidad privada prestó a un particular".

En consecuencia, el auto, que acoge las alegaciones del abogado Carlos Sardinero, concluye que si se demanda conjuntamente a la Administración pública y al ente privado que haya concurrido al daño la competencia es de la jurisdicción contenciosa. Pero si se ejercita la pretensión exclusivamente contra una entidad privada por deficiencias en la asistencia sanitaria, la competencia es de lo civil.

Fuente: diariomedico.com