El tribunal desestimó la acusación mediante un auto que fue recurrido por la paciente ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora ha confirmado el fallo de instancia.

La mujer consideraba que el facultativo actuó con imprudencia y que la complicación surgida no era imprevisible o sobrevenida, sino como consecuencia de una maniobra errónea del profesional.

 

Para refutar la argumentación de la acusación, el tribunal tiene en cuenta tanto el consentimiento informado que firmó la demandante como el informe del perito experto en Ginecología.

 

 

Según recoge la sentencia, facilitada por Aranzadi, la mujer fue informada tanto del riesgo de perforación uterina como de la lesión del recto, algo que se demuestra con la firma "de hasta un total de cuatro consentimientos informados".

Sin embargo, la acusación argumenta que la paciente no estaba en condiciones para saber qué firmaba, pues se encontraba con dolores y en estado febril, unas circunstancias que el tribunal no considera probadas.

 

• La intervención obstetricia produjo el daño, pero el tribunal no encuentra una mala praxis médica que justifique la condena del facultativo

 

La otra línea absolutoria de la defensa se fundamenta en el informe del perito, que reconoce que "el aborto diferido, la estenoris del canal cervical, que dificulta la dilatación y el útero en retroflexión marcada" que padecía la mujer, aumentaban el riesgo de que el legrado obstetricio produjera una perforación uterina.

El tribunal reconoce que hay una relación directa entre el padecimiento de la paciente y la intervención del médico, pero no encuentra mala praxis en la intervención con la que se pueda fundamentar la condena al facultativo.

La Audiencia de Madrid recuerda la jurisprudencia que existe sobre la imprudencia médica al señalar que "no se reputa como elemento constitutivo, sin más, de la imprudencia el hecho de carecer el facultativo de una pericia que pueda considerarse extraordinaria o de cualificada especialización".